Argentina – Ciudad de Buenos Aires saca su Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, emitió ayer un decreto de necesidad y urgencia por el que crea el Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión.

La norma tiene lugar en medio de disputas judiciales entre el Grupo Clarín, el principal multimedio del país, y el Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (popularmente conocida como Ley de Medios), conflicto que deberá dirimir la Suprema Corte de Justicia.

Más allá de los entredichos judiciales sobre la Ley de Medios, desde los últimos días comenzaron a circular versiones sobre una posible intervención del Gobierno en el Grupo Clarín y es en este contexto que Macri publica su decreto. La intervención a Clarín tendría lugar por medio de la Comisión Nacional de Valores (CNV). También circuló que el Ejecutivo nacional podría intervenir Papel Prensa, principal productor del papel que utilizan los diarios, propiedad de Clarín y el diario La Nación, donde el Estado también tiene participación accionaria. De hecho, existe un proyecto de ley propulsado por diputados oficialistas para expropiar la fábrica de papel.

Cabe interrogarse sobre la validez legal de la propuesta de Macri que busca posicionarse por sobre una ley del Congreso Nacional, ya que el decreto se basa en una cuestión de territorialidad, es decir, abarca a los medios con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, como Clarín y La Nación. El decreto es válido por 30 días, periodo durante el cual deberá ser tratado por la Legislatura porteña.

El decreto de Macri contempla varias garantías ya incluidas en la Constitución Nacional como la libertad de expresión. En su artículo 12 establece que “a efectos de favorecer la pluralidad y la diversidad en la emisión de expresiones, información, opiniones e ideas y ampliar el efectivo derecho de los habitantes y visitantes de la Ciudad a buscar, recibir y acceder información a expresiones, información, opiniones e ideas de su libre elección, los medios de comunicación aquí domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad, estarán sujetos a las leyes de defensa de competencia de carácter general que dicte el Gobierno Nacional, siempre y cuando no restrinjan arbitraria o irrazonablemente sus libertades de imprenta, prensa y expresión”.

El texto también indica que “los inmuebles, registros marcarios, licencias de comunicación audiovisual, instalaciones, equipos, maquinarias, materiales, enseres, insumos, suministros ni todo activo o bien necesario para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas, que pertenezcan a periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, con domicilio en la Ciudad o que se encuentren en ella instalados, estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y ejecuciones administrativas”.

En su artículo 18 establece que “ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna, ni designar ni interventores ni administradores coadyuvantes, ni veedores con o sin derecho a veto, ni participar, ni directa ni indirectamente, en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación con domicilio en la Ciudad, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para difundir sus expresiones, información, opiniones o ideas, ni tampoco interferir en manera alguna en sus decisiones editoriales ni empresariales ni apartar ni separar ni remover ni siquiera temporalmente sus órganos de administración”. Días atrás, funcionarios del gobierno nacional participaron de una asamblea de accionistas de Grupo Clarín.

Uno de los primeros en salir al cruce del decreto fue Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), entidad del Ejecutivo nacional que debe poner en marcha lo estipulado por la Ley de Medios. El funcionario señaló que el anuncio de Macri no es serio.

En este estado de situación, no es descabellado pensar que la medida de Macri, tal como sucedió con la Ley de Medios, ingrese en una discusión judicial, ya que el decreto contradice varias leyes nacionales.

 

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